La activista y creadora de contenido Amarna Miller ha formalizado una querella ante el Tribunal Supremo contra tres de las figuras más relevantes del Ministerio de Igualdad: la ministra Irene Montero, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. La acción legal, que responde a un proceso iniciado por la denunciante el pasado mes de enero, acusa a las políticas de presuntos delitos de odio, así como de injurias y calumnias, tras verse directamente señalada en una campaña institucional.
El conflicto tiene su origen en la exposición titulada 'Mercado Canalla: reflexiones sobre la prostitución y la pornografía en construcción de las masculinidades', un proyecto que contó con el patrocinio del Ministerio de Igualdad. En dicha muestra, se exhibieron carteles que utilizaban la imagen de Miller acompañados de mensajes explícitos que la vinculaban con la defensa de la pedofilia y la violación. Según la querellante, el contenido de estas piezas buscaba dañar deliberadamente su reputación y denigrar su figura pública al cuestionar su ética feminista y su trayectoria profesional previa en la industria del cine para adultos.
Amarna Miller ha manifestado en diversas ocasiones, incluyendo su intervención en el programa 'La fábrica' presentado por Gabriel Rufián, que el Ministerio de Igualdad validó y aprobó una exposición que, a su juicio, vulneraba sus derechos fundamentales. La activista sostiene que el respaldo institucional a este tipo de mensajes supone una responsabilidad directa de las autoridades mencionadas, al permitir que su nombre e iniciales fueran utilizados para asociarla públicamente con delitos graves y conductas contrarias a los valores que el propio ministerio promueve.
Como parte de la demanda, la creadora de contenido solicita una indemnización económica que asciende a 280.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Miller argumenta que la campaña no solo buscaba atacarla personalmente, sino que también contribuyó a una exposición pública que, bajo el pretexto de reflexionar sobre la pornografía, terminó convirtiéndose en un señalamiento directo hacia su persona. La querella busca ahora que la justicia determine si existió una vulneración de derechos por parte de las responsables del organismo público al amparar este material.
Este proceso judicial pone de relieve la tensión entre las políticas públicas de igualdad y las figuras que, desde el activismo independiente, han criticado la gestión del Ministerio. Mientras la causa sigue su curso en el Tribunal Supremo, la defensa de Miller insiste en que la exposición sobrepasó los límites de la crítica legítima, convirtiéndose en un acto de difamación que requiere una reparación tanto legal como económica por el impacto negativo generado en su imagen y honor personal.
