El pasado 3 de diciembre, la estilista Adriana Ríos Guzmán, de 57 años, fue asesinada en su vivienda de Cali en un violento ataque perpetrado por su inquilino de 24 años. La víctima recibió 18 puñaladas, concentradas principalmente en su cabeza y rostro, once de las cuales fueron fatales. Según el relato de su hijo, Juan Camilo Echeverry, el agresor intentó abordarla sexualmente en la madrugada, desencadenando una confrontación en la que el joven también resultó herido al intentar proteger a su madre. Tras el ataque, el homicida continuó agrediendo a la mujer incluso cuando esta ya se encontraba sin vida.
A tres meses del suceso, la familia de la víctima ha manifestado su profunda indignación ante la gestión del Fiscal 40 Seccional de Juicios. Según la defensa, representada por la abogada Andrea Valencia, el funcionario ha mostrado una actitud negligente y displicente, llegando a presentar un escrito de acusación con errores graves, como mencionar el uso de un arma de fuego cuando el crimen se cometió con un cuchillo. Además, el ente investigador se ha negado a tipificar el hecho como feminicidio, a pesar de las pruebas recolectadas.
El material probatorio en manos de la Fiscalía incluye los teléfonos celulares de ambos, un computador y el diario personal del agresor, donde se hallaron mensajes de acoso, canciones compuestas por él y una nota que decía "hoy es el día", lo que sugiere una clara premeditación. La abogada Valencia sostiene que la sevicia ejercida sobre el cuerpo de la mujer y el contexto de acoso previo demuestran una motivación basada en el género, cumpliendo con los elementos necesarios para que el caso sea juzgado como feminicidio.
Por su parte, el Observatorio para la Equidad de la Mujer (OEM) ha respaldado la petición de la familia, subrayando que el ataque no fue un hecho aislado ni un robo, sino una agresión mediada por el género. Lina Uribe, representante del observatorio, enfatizó que el agresor utilizó su fuerza física para someter a la mujer tras la negativa de esta a aceptar sus pretensiones. La familia rechaza categóricamente cualquier intento de la Fiscalía por sugerir una relación sentimental, insistiendo en que Adriana, una mujer trabajadora y dedicada a sus hijos, solo mantenía una relación de confianza con su inquilino.
Ante la negativa del fiscal de ajustar la acusación, la familia y su defensa no descartan interponer una queja formal ante la Procuraduría. Juan Camilo Echeverry continúa utilizando sus redes sociales para visibilizar el caso, exigiendo que el sistema judicial actúe con rigor y reconozca la naturaleza de este crimen, evitando que la muerte de su madre quede impune o sea tratada simplemente como un homicidio agravado, ignorando la violencia de género que lo originó.
