Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, se pronunció este 27 de julio sobre el escándalo que involucra a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno Nacional. Sus declaraciones surgieron tras conocerse que la senadora Jennifer Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, interpuso una segunda acción penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana y Verónica Guerrero. La denuncia las señala por presuntos delitos como tráfico de influencias, concierto para delinquir, cohecho y enriquecimiento ilícito de particulares.
En una entrevista concedida a Blu Radio, Andrea Petro fue enfática al señalar que, a su juicio, la joven exfuncionaria mostró signos de narcisismo y una actitud de superioridad desmedida. Según expresó, a Guerrero "se le subió el poder a la cabeza" pese a su corta edad y falta de trayectoria política real, comparando su caso con la experiencia acumulada por su padre. Petro afirmó que, aunque se trata de presunciones legales, la implicada debe responder ante las autoridades, subrayando que nadie en el país está por encima de la ley.
La hija del mandatario reconoció que este tipo de escándalos han afectado la imagen del proyecto político de su padre y han influido negativamente en el respaldo electoral. Asimismo, desmintió cualquier vínculo sentimental entre el jefe de Estado y la investigada, calificando los rumores al respecto como infundados. Petro recordó que, durante su paso por la administración, Guerrero habría actuado con una prepotencia injustificada, llegando a dar órdenes en entidades donde no ostentaba un rol formal, una conducta que, según indicó, ya había sido motivo de quejas previas.
Por su parte, la senadora Jennifer Pedraza ha insistido en que las investigaciones deben ir más allá de las hermanas Guerrero. La congresista solicitó a la Fiscalía que se indague a toda la red de colaboradores, incluyendo a empresarios como David y Wilmer Trespalacios, quienes habrían entregado dinero a cambio de contratos estatales. La denuncia se fundamenta en revelaciones periodísticas que incluyen audios, chats y documentos que apuntarían a la existencia de una estructura dedicada a la gestión irregular de recursos públicos.
El presidente Gustavo Petro también se ha referido al caso, instando a que las pruebas sean entregadas formalmente a la Fiscalía para su debido proceso. El mandatario cuestionó la actuación de los empresarios involucrados, sugiriendo que las denuncias podrían haber surgido tras el incumplimiento de acuerdos ilícitos. Mientras tanto, el caso continúa bajo el escrutinio de las autoridades judiciales, marcando un punto crítico en la agenda política actual del Gobierno Nacional.