El Juzgado 46 del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá ha ordenado a la Fiscalía General de la Nación abrir una nueva línea de investigación contra Juliana Andrea Guerrero Jiménez. La decisión judicial surge tras determinar que, además del delito de fraude procesal por el cual ya fue sentenciada, existirían indicios de falsedad ideológica en documento público, en calidad de determinadora. Esta nueva compulsa de copias busca esclarecer la responsabilidad de la implicada en la manipulación de certificados académicos presentados ante el Estado.
El origen de este proceso se remonta a los intentos de Guerrero por acceder al cargo de viceministra de Juventudes durante la administración del expresidente Gustavo Petro. Para cumplir con los requisitos exigidos por el Ministerio de la Igualdad, la procesada cargó en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP II) diplomas y actas que acreditaban títulos académicos que, según se comprobó, nunca obtuvo. El juez enfatizó que el uso de estos documentos falsos fue el medio instrumental utilizado para perpetrar el fraude procesal que permitió su postulación.
En cuanto a la condena ya impuesta, Guerrero recibió una pena de tres años de prisión por fraude procesal. No obstante, el despacho judicial le otorgó el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo que significa que no deberá cumplir el tiempo de reclusión en un centro penitenciario, siempre que cumpla con las condiciones legales impuestas. El juez fue enfático al señalar que el núcleo de la investigación se centra en la acreditación fraudulenta de una calidad académica inexistente con el fin de obtener un nombramiento público.
Durante la audiencia de preacuerdo, la implicada admitió su responsabilidad y expresó arrepentimiento ante el país y las instituciones afectadas. Guerrero pidió perdón a la Universidad San José y a sus directivos, aclarando que no tuvo contacto con ellos al momento de gestionar los documentos falsos. Asimismo, ofreció disculpas a los docentes, estudiantes y egresados de la institución, reconociendo que su conducta causó un daño a la confianza pública y al Estado, aunque subrayó que su intención no fue causar un perjuicio deliberado.
Finalmente, la joven, quien fue defendida en el pasado por el expresidente Gustavo Petro, hizo un llamado a la juventud colombiana sobre la importancia de asumir las consecuencias de los errores personales. Guerrero, oriunda de Ibagué y comunicadora social de profesión, manifestó su deseo de que su historia sirva de lección sobre la responsabilidad ética en el servicio público. Mientras tanto, la Fiscalía deberá avanzar con la nueva investigación ordenada por el juez para determinar el alcance de su participación en la falsificación documental.
